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Responsabilidad de los administradores: también por delitos cometidos en la empresa

En España a partir de la reforma del Código Penal producida en el año 2010 (LO 5/2010 de 22 Junio), las personas jurídicas son responsables de los delitos cometidos en el seno de su organización, siempre que se hayan cometido en nombre y beneficio –directo o indirecto- de la ésta; y tanto si los delitos se ha cometido por sus representantes legales (o personas con facultades de organización y control), como si se han cometido por personas sometidas a la autoridad de los anteriores (por haberse incumplido gravemente el deber de supervisión, vigilancia y control).

 

A partir de la reforma del Código Penal del año 2015 (LO 1/2015 de 30 de Marzo), se prevé la posibilidad de que las personas jurídicas puedan quedar EXENTAS DE RESPONSABILIDAD PENAL si tienen implantado, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de organización y gestión eficaz para prevenir delitos que reúna una serie de requisitos expresamente especificados en la norma, y tienen además creado un Órgano de Cumplimiento y Supervisión del referido modelo.

Las consecuencias de que se atribuya responsabilidad penal a la persona jurídica son importantes tanto a nivel de su responsabilidad civil directa de los daños ocasionados con la comisión del delito, como a nivel de las penas que les pueden ser aplicadas y referidas tanto a multas, condenas de disolución de la persona jurídica, de suspensión de actividades, de clausura de establecimientos, prohibición de ejercer actividades, etc…

La Ley de Sociedades de Capital recoge en sus artículos 225 a 232 los deberes de los administradores, que se resumen en los siguientes: Diligencia, Lealtad y seguimiento de un procedimiento adecuado de toma de decisiones.

El deber de diligencia de los administradores les obliga a desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado empresario, a adoptar las medidas precisas para la buena dirección y control de la sociedad, y a recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.

La regla de origen anglosajón conocida como “business judgement rule”, que viene reflejada en el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, tiene como fin proteger la discrecionalidad empresarial en el ámbito de las decisiones de negocio y se considera una exigencia necesaria para facilitar la asunción y gestión de riesgos. Dicha regla presume cumplido el deber de diligencia de los administradores, cuando éstos ejecutan las decisiones de política empresarial cumpliendo con unos cánones determinados y establece un proceso de toma de decisiones que está directamente relacionado con los Programas de Prevención de delitos.  

Por tanto existe una relación entre el deber de diligencia de los administradores, la regla del “Business Judgement” y la implantación de un Programa de Prevención de Delitos eficaz en la compañía que difunda su cultura ética empresarial y permita adoptar las medidas precisas, en cada caso, encaminadas a la evitación de la comisión de delitos en el seno de la compañía.

En definitiva: si se comete un delito en nombre y beneficio de la persona jurídica y no se habían implantado los mecanismos de control necesarios, ese incumplimiento podrá conllevar la responsabilidad personal del órgano de administración, fundándose en que los administradores no habían desplegado el comportamiento exigible para el buen gobierno de la compañía y para la adopción de decisiones. O sea, la sanción penal, sea la que sea, sería contra los administradores personalmente.

 

Lidia Closa Riba

Abogada en Emin Abogados

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